Bolivia, situada en el corazón de América del Sur, ocupa un territorio de 1.098.581 km² que abarca desde los Andes Centrales hasta el Chaco y la Amazonía. Su historia contemporánea ha estado marcada por la tensión entre dictadura y democracia, economía dependiente y luchas populares, explotación minera y resistencia obrera.
El inicio de la década de los 80 marcó un punto de inflexión. Tras casi dos décadas de inestabilidad política y gobiernos militares —entre ellos los de René Barrientos, Hugo Banzer y Luis García Meza—, el país enfrentaba un escenario de represión, censura y violación sistemática de los derechos humanos. En las minas y en las calles, la resistencia popular crecía, alimentada por sindicatos, organizaciones campesinas y colectivos de mujeres que, con persistencia, exigían el retorno a la vida democrática.
En 1982 se restableció la democracia con el ascenso al poder de la Unidad Democrática Popular (UDP), una coalición integrada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB). Este bloque representaba a sectores populares y sindicales, con un fuerte respaldo inicial de la Central Obrera Boliviana (COB), bajo el liderazgo histórico de Juan Lechín Oquendo. La presidencia recayó en Hernán Siles Suazo, figura que simbolizaba la apertura democrática pero que pronto enfrentó enormes dificultades.
La crisis económica fue devastadora: el país arrastraba una deuda externa insostenible, el colapso del precio del estaño en el mercado internacional redujo drásticamente los ingresos nacionales, y la inflación alcanzó niveles históricos, con una máxima cercana al 7000 % anual, una de las tasas más altas del mundo en el siglo XX. Los salarios quedaban pulverizados en cuestión de horas, las familias trabajadoras no lograban acceder a alimentos básicos y los mercados populares se convirtieron en escenarios de trueque y subsistencia.
En este contexto, en marzo de 1985, los mineros –columna vertebral del movimiento obrero boliviano– decidieron tomar las carreteras y caminar hacia La Paz en lo que se conoce como las Jornadas de Marzo. Miles de trabajadores de Siglo XX, Catavi, Huanuni y otras minas, acompañados por sus esposas e hijos, avanzaron hacia la sede de gobierno exigiendo soluciones frente al hambre, la inflación y el desempleo. La movilización no solo mostró la fuerza y la dignidad de la clase obrera, sino también la crisis terminal del pacto entre el gobierno y la COB.
Las mujeres mineras, organizadas en comités de amas de casa, jugaron un rol fundamental: ellas sostenían las marchas, organizaban la alimentación colectiva y convertían la protesta en una lucha familiar y comunitaria.
Su presencia fue decisiva para dar continuidad a la resistencia social en tiempos de represión y crisis.
Las Jornadas de Marzo simbolizaron el quiebre definitivo entre el gobierno de la UDP y el movimiento obrero, y abrieron paso al giro neoliberal que se consolidaría tras las elecciones de 1985 con la promulgación del Decreto Supremo 21060, impulsado por Víctor Paz Estenssoro.
Esta medida significó la relocalización de más de 20.000 mineros, el desmantelamiento de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y el inicio de una era de privatizaciones y ajuste estructural dictada por organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial.
Durante las siguientes dos décadas, Bolivia vivió bajo la impronta de gobiernos neoliberales, con profundas consecuencias sociales: migración masiva del altiplano hacia las ciudades, crecimiento del comercio informal, desplazamientos hacia el Chapare cocalero y debilitamiento del movimiento sindical tradicional.
No fue sino hasta 2006, con la elección de Evo Morales Ayma, líder cocalero y primer presidente de origen indígena, que se abrió un nuevo ciclo político. Su llegada simbolizó la recuperación de la centralidad indígena* y popular en la vida nacional, en contraposición a los años de exclusión y ajustes neoliberales.
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*La centralidad indígena se refiere al reconocimiento del papel fundamental de los pueblos originarios y sus organizaciones en la toma de decisiones sobre sus territorios, culturas, derechos y el desarrollo sostenible. Implica que las comunidades indígenas deben estar en el centro de las políticas y acciones que les afectan, garantizando su autonomía, participación y el respeto a sus cosmovisiones para construir sociedades más justas y diversas